El actual proceso de digitalización de la educación está marcado por la presencia de plataformas digitales de corporaciones tecnológicas o BigTech en un número creciente de centros educativos. Este proceso de plataformización, intensificado durante la pandemia del Covid-19, genera múltiples desafíos para la Administración pública y en particular para los sistema educativos, principalmente vinculados a su capacidad de garantizar la alfabetización digital, el acceso al conocimiento, la protección de los derechos de la infancia, la equidad de género y, en general, el bienestar de la comunidad educativa. En este escenario surge el proyecto edDIT (Corporacions tecnològiques, plataformes educatives digitals i garantia dels drets de la infància amb enfocament de gènere) cuyo objetivo principal ha sido explorar y analizar las percepciones y opiniones de personas expertas, de los diversos agentes de la comunidad educativa (profesionales de la educación, familias y alumnado) en relación con el uso de plataformas digitales en los centros educativos y con sus potenciales efectos sobre los derechos de la infancia. Con este fin se desarrolló una investigación basada en un diseño mixto que incluyó la realización de 20 entrevistas (14 con personas expertas en el ámbito de la educación y la tecnología digital y 6 con representantes de equipos directivos de centros educativos), de 16 grupos de discusión (8 con docentes y 8 con alumnado), de la aplicación de una encuesta a 2347 familias de alumnado matriculado en centros educativos públicos de Catalunya, y del análisis de las condiciones de uso de las principales plataformas digitales corporativas presentes en los centros educativos catalanes. Para el análisis de las evidencias recogidas se identificaron seis dimensiones de derecho y protección de la infancia en entornos digitales. Cada una de estas dimensiones se ha desarrollado discursivamente articulando la evidencia generada en cada una de las fases de la investigación. Los resultados muestran que los derechos de la infancia están siendo potencialmente afectados por la presencia de las plataformas digitales corporativas en los centros educativos. Ante esto, se propone una mayor implicación de la Administración pública a la hora de garantizar un uso más seguro de estos recursos en educación, que garantice y promueva los derechos de la infancia.